Fallo inédito en Entre Ríos. El equipo Monomarentales Argentina dio a conocer que el 19 de septiembre, la jueza María Victoria Andrián, titular del Juzgado de Familia Nº 4 de Paraná, dictó un fallo de gran trascendencia en el ámbito familiar de la provincia.

En un acto judicial sin precedentes, Andrián resolvió que el monto de la cuota alimentaria que un progenitor incumplidor deberá pagar por su hija de 10 años se fijara en el 100 por ciento del valor de la Canasta o Índice de Crianza (IC) que establece el INDEC, superando de esta forma la tradicional referencia al salario mínimo, vital y móvil (SMVM). Este fallo fue el resultado de una larga batalla legal emprendida por Diana Deharbe, quien contó con la asesoría de los abogados Andrea Saxer y Gabriel Borgetto.

Derecho de familia

“La cuestión no puede ser abordada de forma aislada ni meramente patrimonial, sino que exige una lectura integral del derecho de familia contemporáneo, en diálogo con el marco normativo interno y supranacional, en especial cuando —como en este caso— confluyen factores de vulnerabilidad social, la presencia de una niña con necesidades básicas insatisfechas, y antecedentes de violencia de género contra la madre, que no pueden ser soslayados”, expresó la jueza Andrián en la sentencia.

En ese marco, la medida también introduce una nueva forma de garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, estableciendo la figura de los abuelos paternos como responsables subsidiarios en caso de no pago por parte del progenitor.

Un cambio histórico en el cálculo de la cuota alimentaria

Este fallo establece un precedente en Entre Ríos, ya que es la primera vez que se utiliza el Índice de Crianza como base para calcular la cuota alimentaria. La jueza Andrián dejó en claro que el tradicional salario mínimo vital y móvil, al que históricamente se apelaba en muchos fallos, ha quedado obsoleto y es insuficiente para cubrir las necesidades reales de los niños.

Al tiempo que la resolución destaca que el índice de crianza tiene en cuenta no solo bienes y servicios básicos, sino también el tiempo y las horas de cuidado que requiere un hijo, factores fundamentales que no se consideran en el SMVM.

“La subsidiariedad no debe ser entendida como una cláusula de exclusión, sino como un principio de solidaridad familiar intergeneracional que asegura el cumplimiento del derecho alimentario”, sostiene la sentencia. Este enfoque intergeneracional busca que el cumplimiento de las obligaciones alimentarias no dependa exclusivamente de un solo miembro de la familia, sino que todos los involucrados puedan contribuir al bienestar de los niños.

Perspectiva de género y nuevas herramientas judiciales

En este fallo, la jueza también incorpora una perspectiva de género en el análisis de la situación, reconociendo la violencia de género sufrida por la madre de la niña. La sentencia resalta que la ausencia del progenitor y su incumplimiento de las obligaciones alimentarias generaron un impacto desproporcionado sobre la madre, quien debió asumir todas las responsabilidades de crianza sin apoyo alguno.

“Relata su historia con el accionado, remarca los momentos de violencia vividos y la falta de toda dedicación -económica, afectiva y presencial- del progenitor. Sostiene que [la niña] está a su exclusivo cargo y que los gastos que la niña tiene en su cotidianidad los asume unilateralmente”, remarca la jueza en su dictamen.

“Surge de la narrativa coherente, reiterada y no controvertida de la actora —avalada además por prueba producida en autos— que su vínculo con el progenitor estuvo atravesado por episodios de violencia, que si bien no constituyen el objeto central del proceso, resultan fundamentales para contextualizar el abandono afectivo, económico y parental del progenitor”, agrega el fallo.

El impacto del Índice de Crianza a nivel nacional

El Índice de Crianza fue creado en 2023 por el Ministerio de Economía como una herramienta destinada a calcular de manera “más realista” la cuota alimentaria.

Este índice considera tanto los bienes y servicios básicos como el tiempo y las horas de cuidado, un aspecto que no se reflejaba en el salario mínimo, vital y móvil. Además, busca evitar que las madres tengan que presentar facturas o pruebas adicionales para justificar los gastos que implica la crianza.

Si bien el Índice de Crianza está disponible a nivel nacional, fue la provincia de Buenos Aires la primera en implementarlo como ley provincial. Luego le siguió Santa Cruz, que aprobó una ley similar. Sin embargo, en muchas provincias, como Entre Ríos, aún persisten grandes desafíos, como la baja aplicación de las leyes alimentarias y la incobrabilidad de los deudores.

“El fallo viene a ampliar derechos en la provincia pero que aún falta mucho por hacer. Con mi equipo jurídico coincidimos siempre en señalar que Entre Ríos necesita una nueva ley de alimentos”, expresó Deharbe.

Fuente: Monomarentales Argentina - El Once Digital.