Los elevados salarios que percibía Fernanda Aragón como administradora del Teatro Odeón quedaron bajo cuestionamiento tras una revisión de la documentación de la fundación. Analía Cardozo, abogada patrocinante e integrante de la entidad, señaló que detectaron adicionales superiores a lo establecido por convenio y que no encontraron en las actas las autorizaciones que debían respaldarlos.

Al revisar la documentación encontrada, “nos dimos cuenta de que había una irregularidad en los salarios, es decir, se estaban pagando salarios fuera de lo que establece el Convenio Colectivo de Trabajo, pero muy para arriba”, subrayó Cardozo en una entrevista con Diario Río Uruguay. Según explicó, esos adicionales superaban ampliamente el salario básico y resultan relevantes para comprender la magnitud de la indemnización reclamada por la exempleada.

Los cuestionamientos también alcanzan al padre de Aragón, quien presidía la fundación cuando comenzó el conflicto e intervino en la respuesta a la primera carta documento enviada por su hija. Ambos fueron denunciados, en un escenario que combina el litigio laboral con la revisión de las decisiones de la administración anterior.

Adicionales sin respaldo en actas

Cardozo indicó que, al reconstruir los antecedentes salariales, ubicaron el inicio del desfasaje en el año 2016. La revisión incluyó los recibos de sueldo y los libros de la fundación, donde buscaron constancias de las decisiones que habían permitido incorporar esos adicionales.

“Lo que más nos llama la atención es que no estaban los libros escritos de que se autorizara ese aumento de adicionales que figuran en los recibos de sueldo”, sostuvo la abogada. Su planteo apunta a la ausencia de registros que respalden los pagos cuestionados.

La letrada explicó que las decisiones administrativas de esas características debían quedar asentadas en las actas del consejo de la fundación. En ese sentido, remarcó que no se trataba de determinaciones que correspondieran exclusivamente al presidente de la institución, que casualmente era padre de la persona que se veía beneficiada.

La actuación del padre

La intervención del padre de Aragón ocupa un lugar central en los señalamientos. Además de presidir la entidad durante el inicio del conflicto, participó en la respuesta a la primera intimación laboral de su hija, una actuación que la actual defensa incorporó al análisis de los antecedentes.

Cardozo señaló que el entonces presidente también era abogado y cuestionó la manera en que se había respondido aquella carta documento. La revisión abarca tanto ese intercambio como las decisiones administrativas vinculadas con las remuneraciones de la demandante.

Al consultar a integrantes de la fundación que habían formado parte de aquella etapa, la letrada obtuvo como respuesta que había una confianza depositada en quienes estaban al frente del funcionamiento institucional. Sin embargo, insistió en la necesidad de contar siempre con las constancias documentales de las autorizaciones salariales.

Un reclamo superior al millón de dólares

Los salarios observados constituyen uno de los puntos relevantes de la defensa frente a la demanda de Aragón, cuyo monto Cardozo estimó por encima del equivalente a un millón de dólares al valor actual. Si bien no informó el sueldo exacto que percibía la exempleada ni el detalle de la liquidación reclamada, la letrada subrayó que “era muy elevado, mucho”.

La abogada diferenció dos componentes del conflicto: por un lado, el correspondiente a un accidente de trabajo, que involucra a la aseguradora de riesgos del trabajo. Como así también, los conceptos vinculados con el despido indirecto interpretado por la ex administradora Aragón. La representación de la fundación intervino en la contestación de estos últimos rubros.

“Nosotros tomamos el caso después que estaba la estrategia pensada, o por lo menos eso creíamos”, expresó Cardozo. Según relató, asumieron después de la renuncia de una abogada que había intervenido previamente y contaban con diez días para responder judicialmente.

Las consecuencias para la fundación

La nueva comisión asumió en marzo de este año y comenzó a examinar la documentación institucional. “Entramos a revisar los papeles, a revisar lo que había, a revisar todo lo que estaba, los libros de la fundación”, describió Cardozo sobre el proceso que dio lugar a los cuestionamientos.

La abogada también vinculó las remuneraciones observadas con el aumento de las obligaciones económicas de la entidad. “Con ese desfasaje de salario empieza a generarse mayores deudas, es decir, mayores obligaciones”, afirmó, al mencionar las cargas sociales, los aportes sindicales y la obra social.

Según los antecedentes revisados, hacia fines de 2024 ya se había planteado que los recursos no alcanzaban para pagar los salarios. Los cuestionamientos sobre los adicionales y la actuación del expresidente forman parte de la posición de la actual representación legal; por lo que las responsabilidades de las personas denunciadas deberán determinarse en las instancias correspondientes.