Contrabando de cigarrillos.

En la noche del martes - 4 de noviembre - personal de la Prefectura Naval Argentina – sección Represa Salto Grande –, bajo las órdenes del Juzgado Federal de Concordia y con intervención de la Fiscalía Federal, llevó adelante un allanamiento en un predio rural ubicado en las inmediaciones del kilómetro 270 de la Ruta Nacional 14.

Fue en el marco de una investigación por presuntas maniobras en infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero) vinculadas al contrabando de cigarrillos paraguayos.

La investigación

Las actuaciones se originaron a partir de una denuncia en la que se informó que diversas personas se dedicarían al transporte y almacenamiento de mercadería ilegal —principalmente cigarrillos— sin la debida intervención aduanera.

Según la investigación, la mercadería sería trasladada de manera ilícita desde Paraguay hacia Uruguay, utilizando como vías de egreso el Puente Internacional Represa Salto Grande o pasos inhabilitados, y como base operativa de acopio y distribución un campo cercano al kilómetro 270 de la RN 14.

En el lugar —allanado en horas de la noche, en un procedimiento que se extendió hasta la madrugada— se constató la existencia de una vivienda y de un acoplado utilizado como depósito, donde se habrían desarrollado operaciones nocturnas de carga y descarga de bultos entre distintos vehículos.

A partir de las tareas de inteligencia, se identificó al menos a seis personas como presuntos integrantes de una organización dedicada al contrabando de cigarrillos, con roles diferenciados en materia de logística, acopio de la mercadería y traslado de personal.

La investigación también relevó el uso de inmuebles en la ciudad de Concordia.

Vigilancia y decisión judicial

El 4 de noviembre, alrededor de las 21 horas, Prefectura informó al Juzgado que, mediante un visor térmico y durante tareas de inteligencia, se habían registrado en tiempo real movimientos compatibles con las maniobras investigadas: la presencia de un camión, varios vehículos y múltiples personas realizando tareas de descarga de bultos desde un acoplado hacia otros rodados dentro del predio.

Ante ello, el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Analía Ramponi, dispuso el allanamiento del inmueble, la identificación y requisa de las personas presentes y el secuestro de mercadería, documentación y vehículos presuntamente vinculados a la operatoria, con intervención de la Aduana Concordia para el aforo correspondiente.

Con la debida autorización judicial, el personal de Prefectura ingresó al predio rural y, durante el procedimiento, uno de los vehículos intentó embestir al personal actuante y darse a la fuga. No obstante, se logró asegurar la escena y continuar con la medida en torno a las personas involucradas.

En el lugar se identificó y detuvo a siete personas —tres mujeres y cuatro hombres— y se constató la presencia de varios vehículos y una embarcación cargados con mercadería ilícita, principalmente cigarrillos de origen extranjero marca “Gift”.

Resultados

De acuerdo con el resultado del allanamiento, se obtuvo:

• Personas identificadas y aprehendidas: 7 (siete), 4 de sexo masculino y 3 de sexo femenino.

• Cigarrillos secuestrados: 103 cajas, que totalizan 5.150 cartones de cigarrillos marca “GIFT”.

• Vehículos secuestrados: cinco rodados y una embarcación.

• Dinero en efectivo: $154.400 (pesos argentinos).

• Material electrónico: 8 teléfonos celulares, que serán debidamente peritados.

El aforo preliminar realizado sobre la mercadería y los vehículos arrojó los siguientes valores estimados:

• Cigarrillos: $100.000.000 (cien millones de pesos).

• Vehículos: $128.300.000 (ciento veintiocho millones de pesos).

• Aforo total aproximado: $229.994.000 (doscientos veintinueve millones novecientos noventa y cuatro mil pesos).

Según se informó, la investigación sigue en trámite ante la Secretaría Penal del Juzgado Federal de Concordia, a cargo del Dr. Bergdolt, con intervención de Prefectura Represa Salto Grande, a fin de profundizar la reconstrucción de las maniobras, analizar la documentación y los dispositivos electrónicos secuestrados.

Todo ello a efectos de determinar el alcance de la organización investigada y establecer las eventuales responsabilidades penales de las personas involucradas, sin descartar la participación de otros partícipes que aún no hayan sido identificados.