Así se desprende de lo expuesto durante la audiencia realizada este jueves por la mañana, en la que la Justicia resolvió prorrogar por 90 días la prisión preventiva del acusado, imputado por el delito de homicidio criminis causa, cuya pena en expectativa es la de prisión perpetua.

La audiencia fue presidida por la jueza Gabriela Seró y contó con la intervención del fiscal Tomás Tscherning y del defensor oficial José Legarreta.

Dos disparos y el intento de ocultar el crimen

De acuerdo a la hipótesis fiscal actual, Laurta habría efectuado dos disparos de arma de fuego contra Palacios y posteriormente desmembrado el cuerpo con el objetivo de ocultar el homicidio y apoderarse del automóvil Toyota Corolla de la víctima.

Los estudios forenses realizados sobre restos óseos hallados en inmediaciones de Rosario del Tala permitieron establecer con probabilidad que la causa de muerte fueron traumatismos provocados por proyectiles de alta velocidad dirigidos a la cabeza.

El propio Tscherning explicó que este nuevo material probatorio resultó clave para precisar la mecánica del hecho, algo que en las primeras etapas de la investigación no había podido determinarse con certeza, aunque ya se presumía esa modalidad.

El contacto previo y el recorrido por la Ruta 22

Según detalló el Ministerio Público Fiscal, el primer contacto entre Laurta y el remisero se produjo el 17 de septiembre de 2025, a través de mensajes en los que el imputado solicitaba viajes hacia distintos destinos, modificando reiteradamente el recorrido con la intención de circular por la ruta provincial 22.

Para la Fiscalía, el crimen se habría producido entre los kilómetros 7 y 50 de esa traza. Esta presunción se basa en el análisis de los tiempos de traslado: mientras el viaje hacia Federal demandó unos 40 minutos, el regreso se extendió por una hora y cuarenta minutos, una diferencia que los investigadores consideran determinante para ubicar el momento del homicidio.

Riesgos procesales y continuidad de la investigación

Al fundamentar el pedido de prórroga de la prisión preventiva, el fiscal señaló los riesgos procesales existentes, entre ellos la falta de arraigo del imputado en la ciudad, su presunto ingreso clandestino al país y la utilización de distintos teléfonos celulares, lo que —según sostuvo— evidencia capacidad logística para moverse en la clandestinidad y la posibilidad de entorpecer la investigación.

Tras escuchar a las partes y sin oposición de la defensa, la jueza Seró resolvió extender la medida cautelar hasta el 12 de mayo.

Por último, el fiscal indicó que, si bien el material reunido —que incluye testimonios, cámaras de videovigilancia y distintos elementos de prueba— es considerado contundente, aún resta incorporar evidencia que se encuentra en la ciudad de Córdoba, donde fueron remitidos los secuestros realizados al momento de la detención, especialmente los teléfonos celulares del imputado. Con esa documentación, la Fiscalía prevé avanzar hacia la elevación de la causa a juicio.

FUENTE: Concordia Policiales