Institutos Superiores en Alerta. Desde la Asamblea en Defensa de los Institutos de Nivel Superior sostienen que, hace meses, vienen alertando sobre una situación que amenaza "con volverse insostenible: la incertidumbre frente a la continuidad de muchas carreras —en particular las llamadas “a término”—, que compromete no sólo la estabilidad laboral docente, sino también la proyección formativa de estudiantes y comunidades".

Sin respuestas

A través de un comunicado, desde el sector informaron que "lejos de atender estas advertencias con políticas claras, desde la Dirección de Educación Superior se ha emitido recientemente la Disposición N° 22/25 DES y N° 449/25 DEGP, que formaliza el pedido de continuidad de carreras, pero bajo una lógica burocrática y con una exigencia de recolección de información que, en muchos casos, resulta desmedida y recae de lleno en las ya colapsadas gestiones institucionales".

El documento oficial aprobado, afirman, "establece una serie de criterios e indicadores que los institutos deben completar para cada carrera: desde datos sobre inserción laboral de egresados, prácticas profesionalizantes, oferta bibliográfica, hasta convenios vigentes, análisis demográfico de matrícula, infraestructura y material didáctico disponible".

Agregan que todo debe "subirse a una carpeta compartida de Google Drive, con plazos ajustados y en dos etapas: la primera con fecha límite el 15 de agosto y la segunda el 1 de octubre". Este pedido, "en lugar de reconocer el trabajo ya hecho por los equipos institucionales, termina por trasladar la responsabilidad a los propios institutos, que deben justificar por qué su oferta formativa merece seguir existiendo", argumentan.

Sobrecargados

En el texto, sostienen que la sobrecarga "recae sobre secretarías académicas, rectorados y equipos que, sin recursos adicionales ni personal exclusivo, deben ahora abocarse a una verdadera tarea de hormiga". Mientras tanto, lo pedagógico —el corazón de la formación— queda "relegado a un segundo plano".

Desde el sector denuncian que lo más preocupante es "el trasfondo político y social que este mecanismo instala: se normaliza que tengamos que “mendigar datos” para conservar lo que ya hemos conquistado y se reproduce así una lógica perversa de competencia entre instituciones, una especie de “sálvese quien pueda”, que pone a pelear a los pobres entre sí".

En ese contexto, las instituciones afirman que parece relevante "¿Quién tiene más estudiantes? ¿Quién tiene más egresados insertos? ¿Quién cuenta con mejores datos?"

Y sostienen que "como expresaron los docentes y estudiantes de Concordia a través de una reciente Asamblea en Defensa de los Institutos Terciarios, lo que está en juego es mucho más que la continuidad de una carrera: se trata de la defensa de la educación pública como derecho social, no como servicio condicionado por criterios administrativos o eficientistas".

Demandas

El sector vuelve a la carga exigiendo "el pase a planta permanente de las carreras, la titularización de horas cátedra y cargos, presupuestos reales para becas y edificios dignos, además de la estabilidad para seguir educando sin que cada ciclo lectivo sea una nueva batalla por sobrevivir".

Sostienen que los institutos "no necesitan más planillas, necesitan políticas públicas que acompañen, fortalezcan y garanticen el derecho a enseñar y aprender en condiciones dignas". En este panorama, aseguran, que "la educación pública no puede construirse sobre el engaño ni sobre la precariedad planificada".