Hubo avances en la causa. La novedad surgió de los whatsapp que intercambiaron el comisario Fernando Urquía, jefe de la División de Policía Adicional de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública, y Marina Bértoli, sargento responsable de cargar los adicionales en el sistema. El fiscal Gonzalo Badano pidió el levantamiento del secreto bancario de estos y dos imputados más. Estas defensas se opusieron, ya que las restantes se allanaron antes al pedido. La jueza hizo lugar pero la limitó solo a los imputados.

Este jueves, en la audiencia en la que se solicitó el levantamiento del secreto bancario de cuatro imputados en la causa que investiga el presunto delito de Peculado por el aparente cobro indebido de adicionales en la Policía, el fiscal Gonzalo Badano leyó parte de los chats de whatsapp que intercambiaron Fernando Urquía, jede de la División de Policía Adicional de la Dirección General de Operaciones y Seguridad, y Marina Bértoli, sargento numeraria en aquella División que era la única responsable de cargar los datos de los adicionales en el sistema. Ambos están imputados del delito de Peculado por el presunto cobro de adicionales en la fuerza que no se cumplían. Se investiga un presunto daño a las arcas del Estado de 27.000.000 pesos.

Tras analizar las posiciones de Fiscalía y Defensas, la jueza de Garantías de Paraná, Paola Firpo, resolvió hacer lugar al pedido de Fiscalía de levantar el secreto bancario –entre enero de 2025 y junio de 2025, de cuatro imputados pero lo limitó –coincidiendo con los argumentos de los defensores- a los imputados que figuran en el nuevo relato del hecho que realizó este jueves Fiscalía.

El dato

El dato que transformó una audiencia para solicitar el levantamiento del secreto bancario de los imputados Urquía, Bértoli y la cabo, Julia Sangoy, que son asistidos por Eduardo Gerard; y del cabo primero, Mauricio Colignon, que es asistido por Hernán Saín, surgió de los chats en la aplicación Whatsapp -que el fiscal leyó por espacio de una hora- entre Urquía y Bértoli, en un dato político-judicial estribó que los funcionarios investigados plasmaron el malestar con la superioridad, las dificultades para progresar en la fuerza, y el dato más grave que consistió en que se dijo con apellido a funcionarios importantes de la fuerza como personas que se enriquecieron durante su paso por la fuerza.

Gerard, al responder al pedido, resaltó que el malestar en la fuerza al que aludirían los mensajes de whatsapp no sería una novedad y no indicaría nada fuera de esa situación, e instó al fiscal a iniciar una investigación a partir de la información que surgió del chats que involucraría a superiores en la fuerza en presuntos delitos contra la Administración Pública.

La posibilidad de contar con los whatsapp surgió de un pedido del mismo fiscal que el 15 de septiembre de 2025 sufrió el rechazo del pedido por parte de la misma jueza, que ahora autorizó el levantamiento del secreto bancario, limitándolo solo a los imputados en el nuevo relato del hecho que realizó Badano en esta audiencia, puesto que la investigación permitió, a partir del acceso a las aplicaciones con programas de comunicación que posterior al rechazo de Firpo, concedió la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Carolina Castagno, el 15 de octubre de 2025, acceder a aquel entramado.

Modus operandi

En esta ocasión Firpo entendió, y así lo destacó, que el pedido del fiscal resultaba razonable y estaba perfectamente fundado. No obstante, coincidió con las defensas en la enorme amplitud de la medida en cuanto a las personas que abarcaría y la cantidad de cuentas bancarias a investigar, así que lo limitó a los mencionados en la apertura de causa y a los nombrados en el nuevo relato del hecho.

No obstante la sorpresa que causó en los defensores la lectura de los explosivos chats, que a criterio de Fiscalía ratifican su hipótesis acusatoria puesto que expondrían el modus operandis y la génesis del supuesto delito, Gerard y Saín se opusieron a la medida.

Con argumentos similares, las defensas plantearon que Fiscalía solicita una medida que invade la privacidad de las personas al ingresar a sus cuentas particulares sin que se funde con argumentos serios el pedido. También se hizo hincapié en lo amplio e indeterminado de la medida.

El nuevo relato del hecho

El nuevo relato del hecho que leyó Fiscalía este jueves, ampliado a otros presuntos beneficiarios del irregular esquema, “entre los meses de enero a mayo de 2025, se cargaron, liquidaron y pagaron servicios de adicionales, relativos a la custodia y transporte blindado de valores del Nuevo Banco de Entre Ríos SA, a funcionarios policiales que no los prestaron, ocasionando un perjuicio al erario público provincial aún en cuantificación, que sería superior a los $27.000.000”.

Añadió que la “maniobra se habría llevado adelante por medio del acuerdo entre el jefe del servicio adicional, la persona encargada de cargar los datos en el sistema y funcionarios que cobraban los servicios no prestados”. Aportó también que “así, estos adicionales fueron cargados en el sistema por Bértoli, sargento ayudante numeraria de la Sección Cobradores de la División de Policía Adicional, y avalados en el sistema como controlados por Urquía, como así también por Pedro Alberto Arena, sargento de la División”.

También acusó que “los funcionarios policiales que cobraron estos adicionales no prestados fueron Bértoli; Arena; Sangoy; cabo primero numeraria de la Sección Cobradores de la División de Policía Adicional; Colignon, cabo primero de la División Arquitectura de la Dirección General de Administración y Logística; Walter Ramón Broder, oficial inspector con funciones de segundo jefe de la División de Despacho de la Dirección General de Personal; Gabriela Yolanda Arena, sargento primera; Walter Sebastián Dettler, suboficial mayor; Maximiliano Felipe Monzón, agente; Sergio Gustavo Sánchez, suboficial principal. Fuente: APF Digital