Fallo del Superior Tribunal de Justicia
El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, dialogó con Diario Río Uruguay y explicó los alcances del fallo del Superior Tribunal de Justicia que revocó una resolución de primera instancia vinculada con las distancias de resguardo para la aplicación de fitosanitarios. Vale recordar que la decisión avaló la vigencia de la Ley 11.178 y buscó establecer un criterio respecto del marco legal vigente en la provincia.
Además, reconoció que el eje para la aplicación de la norma en todo su sentido es instrumentar los controles, priorizando a las escuelas, los pueblos y luego la producción.
Evaluación
Según el fiscal, "es muy importante el fallo en tres dimensiones: económica, ambiental y jurídica". Y argumentó que "económicamente la provincia de Entre Ríos tiene casi 8 millones de hectáreas, de las cuales alrededor de 2 millones o un poco más incluso, están puestas al servicio de la producción de alimentos o de madera, por lo tanto las buenas prácticas en materia de aplicación de fitosanitarios resulta ser algo fundamental, ya que hay que dar con las medidas justas y con las decisiones correctas para que ambientalmente sea sustentable".
En ese contexto, recordó que la Ley 11.178 "es el producto de un debate que por lo menos duró desde 2018 hasta 2025 , y hasta ahora está durando, en el cual la Provincia ha hecho todo un sistema legal para garantizar que las aplicaciones sean correctas y no produzcan daños a la salud".
A raíz del caso “Rosso Janet Ximena c/Haberkon Mauro Ariel y otros/ (y acumulado “Gareis Gerardo Ariel c/Estado Provincial y otros s/ acción de amparo ambiental” Expte. Nº 13.832)”,"la jueza que dictó la sentencia de primera instancia dijo que esa ley era constitucional pero sin embargo, a los efectos del caso concreto, estableció distancias distintas a la ley y eso fue lo que provocó una enorme incertidumbre en aplicadores, productores, funcionarios, porque nadie sabía que a qué atenerse", aseguró.
Ahora, con esta resolución - acotó Rodríguez Signes - "el Superior Tribunal deja sin efecto la sentencia de primera instancia y dice que la ley 11.178 es constitucional, entonces las distancias que hay que aplicar son las que establece la ley, no otras distancias". De todas maneras, reconoció que "es un tema debatido, un tema en que las organizaciones ambientales, yo creo que con mucha valentía, plantean la cuestión y se debate, hay audiencias, hay peritajes y hay una cantidad de pruebas que se producen". Por tanto, consideró que no es un debate cerrado ni mucho menos.
Control
Para el fiscal la ley es clara pero - justamente porque lo delicado del tema de fondo en cuestión - "lo que hay que ajustar son los medios de control". Subrayando que "están en constante evolución".
En efecto, argumentó, "uno aspira a que se pueda hacer un control online de la cuestión aprovechando lo que es hoy la telemetría, no se puede hacer un control físico, de personal, porque es imposible que la administración disponga de una persona para cada aplicación que se está haciendo hoy en la provincia Entre Ríos". Pero, agregó, "sí con los requisitos de aplicación online que todavía están sin poder concretar".
Es que se trata de este tipo de acciones está asociado a "todos los productos agropecuarios pero también a la citricultura, a la forestación, a la soja, al arroz, todos; todos lo requieren".
En Entre Ríos "es muy difícil hoy producir sin aplicación de fitosanitarios, o sea inmediatamente se pierde mucha productividad y esta ley apunta a que esos productos sean aplicados correctamente, en eso consisten las buenas prácticas".
Por último, Rodríguez Signes abogó para que la prioridad en las tareas de control que debe hacer el Estado deben estar centradas en "primero las escuelas rurales, de los centros poblacionales y después de las aplicaciones en general".