La cantidad de deudores alimentarios registrados en Entre Ríos pasó de menos de 700, a más de 800 en el último año, según los datos mencionados por la diputada provincial Lorena Arrozogaray. La legisladora explicó los alcances de la modificación de la normativa provincial, que incorpora restricciones para quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias.

En diálogo con Diario Río Uruguay, Arrozogaray expresó que la iniciativa “nace de una demanda puntual y esta demanda tiene que ver con datos, pero también con cuestiones muy sensibles, que es cómo se cuidan las infancias”.

La diputada remarcó que la cuota alimentaria no comprende únicamente la comida, sino también los gastos que implica la crianza. “Decimos cuota por alimentos, pero también entendemos que eso implica todo lo que conlleva la crianza de un niño o de una niña”, sostuvo.

Qué establece la modificación de la ley

Arrozogaray explicó que la ley de deberes alimentarios de Entre Ríos existe desde 2002 y que la iniciativa impulsada modifica tres artículos para incorporar restricciones destinadas a los deudores alimentarios morosos.

“Una persona que tiene fijada por ley una cuota por deuda alimentaria y no paga en el transcurso de un año tres cuotas consecutivas, o cuatro meses o cinco alternadas, estaría siendo un deudor alimentario moroso”, detalló la legisladora al explicar las condiciones vinculadas con el incumplimiento.

En ese sentido, resumió el criterio de la normativa al señalar que “si vos tenés plata para ir a eventos culturales, a partidos de fútbol, a salas de juego, en orden de prioridad, primero está el cuidado de las infancias y de sus propios hijos y después todo lo demás”.

La cantidad de deudores alimentarios en la provincia

Al referirse a las cifras registradas en Entre Ríos, la diputada indicó que la cantidad de personas que incumplen con sus obligaciones alimentarias viene aumentando. “Hace un año atrás eran casi 700 deudores alimentarios y hoy estamos rondando en un poquito más de 800”, precisó durante la entrevista.

Arrozogaray aclaró que la aplicación de las restricciones requiere acreditar el incumplimiento mediante el procedimiento judicial correspondiente. Según explicó, el análisis contempla la cantidad de cuotas impagas y las circunstancias particulares de cada situación.

En cuanto a la distribución por género, la legisladora sostuvo que alrededor del 95% de los casos corresponde a mujeres. Sin embargo, aclaró que la normativa contempla a ambos progenitores, ya que la obligación alimentaria puede recaer tanto sobre hombres como sobre mujeres.

Cómo interviene la Justicia

La diputada explicó que el procedimiento comienza cuando uno de los progenitores reclama judicialmente la cuota alimentaria para los hijos que tiene a su cargo. A partir de ese reclamo, el Juzgado de Familia determina el monto correspondiente y establece la obligación de pago.

“Si el que tiene que percibir esa cuota hace un reclamo ante el mismo lugar, ante el juzgado, y se ve el incumplimiento, directamente se pasa al registro”, indicó Arrozogaray al describir el mecanismo previsto.

La legisladora también remarcó que cada situación debe evaluarse de manera particular antes de determinar las medidas que correspondan. “Hay que evaluar también, todos los casos son particulares, hay que ver el estado de situación de esa persona, si fue por un motivo de salud que también se justifica, si hay situaciones de desocupación”, señaló.

El objetivo de las restricciones

Arrozogaray sostuvo que la modificación busca priorizar las obligaciones alimentarias y atender las consecuencias que su incumplimiento genera en las familias. En ese sentido, hizo referencia a las dificultades que enfrentan quienes quedan a cargo de los niños y deben sostener económicamente el hogar.

“La situación está más difícil, no se llega a fin de mes. Imagínense entonces también quienes están a cargo de sus hogares, encima del cuidado de los chicos”, expresó la diputada al describir el contexto en el que se producen estos incumplimientos.

Además, señaló que las responsabilidades económicas se suman a las tareas cotidianas de cuidado y que, en algunos casos, quienes sostienen el hogar deben buscar otros empleos para afrontar los gastos familiares. “Estamos hablando de quienes están bajo la responsabilidad central en una familia, que son los progenitores, el papá o la mamá, y cómo afectan, no únicamente en lo económico, sino en el seno familiar estas situaciones”, afirmó.

Antecedentes y consultas sobre la normativa

Durante la entrevista, la legisladora mencionó que existen antecedentes de medidas similares en otras jurisdicciones. Como ejemplo, indicó que en otras provincias se establecieron restricciones para renovar licencias de conducir y que algunos municipios incorporaron limitaciones vinculadas con distintos trámites administrativos.

Arrozogaray explicó que, al impulsar la modificación en Entre Ríos, también se tuvo en cuenta la posibilidad de identificar a las personas que ingresan a espectáculos culturales y deportivos mediante la presentación de entradas y documentos. Asimismo, hizo referencia a las salas de juego y a la identificación de quienes concurren habitualmente.

Por último, Arrozogaray invitó a quienes tengan dudas sobre el procedimiento o necesiten orientación a comunicarse a través de sus redes sociales, donde recibe consultas vinculadas con estas situaciones.