El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos difundió un comunicado en el que manifestó su “más enérgico rechazo” a las recientes declaraciones del presidente de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (OSER), Mariano Gallegos, quien vinculó el ejercicio profesional con una supuesta “industria del amparo”.

Desde la institución consideraron que resulta “de una gravedad institucional inaudita” que el titular del organismo, responsable de la cobertura de salud de unos 300 mil entrerrianos, “intente desviar el foco de su propia incapacidad administrativa señalando a los profesionales del derecho como responsables de la crisis”.

El pronunciamiento sostiene que las afirmaciones del funcionario implican una estigmatización del ejercicio profesional y reclamaron que se aborden los problemas estructurales del sistema de prestaciones de salud.

El amparo como herramienta de defensa

En el documento, la entidad afirmó que el recurso de amparo “no es una herramienta de hostigamiento, sino el único resguardo constitucional que le queda al afiliado cuando la OSER le da la espalda”.

Asimismo, señalaron que “los abogados no creamos la necesidad de justicia; intervenimos cuando la obra social vulnera derechos fundamentales”. En ese sentido, sostuvieron que es “la ineficiencia del organismo la que obliga a los ciudadanos a judicializar su salud para no morir en la espera de un medicamento o una cirugía”.

De acuerdo al comunicado, las acciones judiciales surgen como respuesta a situaciones en las que los afiliados no obtienen cobertura en tiempo y forma.

Cuestionamientos sobre la atención a afiliados

El Colegio también indicó que la situación del organismo puede constatarse en el testimonio directo de afiliados y prestadores. “La realidad no se encuentra en sus conferencias de prensa, sino en el calvario de los jubilados o niños que no reciben cobertura en tiempo y forma”, expresaron.

En el mismo sentido, mencionaron “familias que ven negadas sus prestaciones básicas y la falta de respuestas en cada delegación de la provincia”.

Para la institución, el escenario actual refleja dificultades operativas y demoras en la atención que impactan directamente en los beneficiarios del sistema.

El rol de la Justicia

El comunicado remarcó que las sentencias judiciales contra el organismo constituyen “un reproche directo de la Justicia a la arbitrariedad e ilegalidad con la que se maneja el organismo”.

Según expresaron, cada fallo adverso “ordena cumplir lo que la gestión decide incumplir”, y consideraron que hablar de “huecos” o “grietas” legales “es un insulto a la inteligencia de los entrerrianos”.

De esta manera, la entidad planteó que el volumen de amparos responde al incumplimiento de obligaciones por parte de la obra social.

Rechazo a la estigmatización y pedido a las autoridades

Finalmente, el Colegio de la Abogacía rechazó que se responsabilice a los honorarios profesionales o a la labor de los abogados por el déficit financiero del organismo, al que atribuyeron a “una mala administración estructural”.

“Atacar a los abogados es atacar al Estado de derecho y principalmente es ir contra el derecho de los ciudadanos a ser defendidos frente a los abusos del poder de turno”, señalaron.

En el cierre del comunicado, la entidad instó a las autoridades de la OSER a “cesar con la búsqueda de chivos expiatorios” y a concentrar sus esfuerzos en garantizar que los aportes de los trabajadores “se traduzcan en una prestación de salud digna y oportuna”.