Interés General

Duras críticas desde Concordia a la modificación del Código Procesal Laboral impulsada por la gestión Frigerio

La Sección Concordia del Colegio de la Abogacía tildó al proyecto de clasista y con una mirada que atenta contra las localidades del interior.

14 de Octubre de 2026
Duras críticas al proyecto de Frigerio.

Duras críticas al proyecto oficial

 

La Comisión Directiva de la Sección Concordia del Colegio de la Abogacía manifestó a través de un documento público "su profunda preocupación respecto al proyecto de

reforma del Código Procesal Laboral presentado para su tratamiento por el Poder Ejecutivo Provincial".

 

Según expresaron desde el sector "entendemos que el mismo nace carente de consensos y exhibe un claro retroceso de los derechos de los trabajadores, cuya desigualdad innata frente a la patronal, dio origen al derecho del trabajo como rama autónoma y específica".

 

Frigerio

 

 

Desde el Colegio de la Abogacía en Concordia se observa "con profunda preocupación que se intentan, e incluso consuman, reformas laborales que violentan severamente el principio protectorio reconocido en el art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional, retaceando cuando no aniquilando derechos del trabajador, lo que podría conducir a resultados tremendamente injustos respecto a dicha parte".

 

En ese contexto, argumentaron que "la eliminación del inciso a) del art. 125 del C.P.L. tendrá como lógica consecuencia una carencia de garantías de cobro respecto a los créditos debidos al trabajador y que redundará, a nuestro criterio, en una mayor litigiosidad y costos para el sector empleador".

 

Por otro lado, se puntualizó, "se afectará al sector trabajador con procesos judiciales más largos y tediosos que echaran por tierra la protección que las normas laborales le otorgan, reiteramos, protección que no es caprichosa ni arbitraria, sino que responde a la necesidad de compensar por ley otras desigualdades que se dan por sí en la relación laboral -art. 17 bis LCT-".

 

Asimismo, desde la entidad detallaron que "preocupa severamente la centralización que se pretende efectuar en el tratamiento de las pericias médicas ante tres profesionales médicos en la ciudad de Paraná". Y subrayaron que "claramente existen ganadores y perdedores con dicha medida pues se favorecen los intereses de sectores poderosos perjudicando enormemente al sector trabajador que al sufrir un infortunio laboral deberá realizar esfuerzos inauditos a fin de que se reconozcan sus derechos".

 

Según el Colegio de la Abogacía local "no puede pretenderse que tres profesionales médicos centralicen la realización de todos los trabajos periciales médicos laborales de la Provincia de Entre Ríos sin incurrir en extensas demoras o la redacción de trabajos que carezcan del rigor científico que las circunstancias ameritan".

 

En efecto, agregaron "no podemos dejar de mencionar que la jurisdicción local cuenta con dos peritos médicos oficiales y no resultan suficientes para emitir en tiempo los informes periciales, lo que se traduce en demoras que, en ocasiones, han alcanzado los dos años de espera para contar con la pericia médica, impactando directamente sobre el plazo del juicio. Esta situación persiste aun cuando los profesionales intervinientes solicitan las respectivas intimaciones a los peritos médicos para que presenten sus informes, sin obtener resultados favorables que permitan agilizar su producción".

 

Ante esta situación, "estimamos evidente la razonabilidad de la crítica efectuada" y "entendemos que debe existir mayor federalismo y descentralización en los procedimientos a adoptar, pero respondiendo siempre a razones de oportunidad, mérito y conveniencia, en favor de los ciudadanos y no lo contrario", expresaron desde la entidad con sede en Concordia.

 

En el mismo tono, desde el sector se propone a las autoridades "convocar a una discusión amplia y sincera a fin de que todos los sectores sean escuchados y no simplemente una sola de las partes que, claramente, aplaude de pie estas medidas, pues ve un claro beneficios a sus intereses".

 

Las autoridades "tienen la obligación de gobernar para todos los ciudadanos y no solamente para un sector que evidencia una importante influencia, porque, normas como las que aquí se observan, afectan severamente la vida de miles de ciudadanos entrerrianos, su acceso a la justicia y, en definitiva, repercute en la sociedad de la que todos somos partes", cierra el comunicado difundido este miércoles.