Durante la 11º Sesión Especial efectuada este martes y encabezada por su presidente, Gustavo Hein, se sancionaron la reforma tributaria y la ley que transforma 28 juntas de gobierno en 22 comunas. El Expediente Administrativo de juicio político a la vocal Susana Medina pasó para la sesión de las 14. El bloque de Unión por la Patria Más para Entre Ríos y el monobloque de La Libertad Entre Ríos estuvieron ausentes.

Dos iniciativas legislativas de sensible interés para la administración central fueron sancionadas; el Expediente Nº 28.920 proyecto de ley que establece la jerarquización administrativa de 22 nuevas comunas y el Expediente Nº 28.921 que reforma el Código Fiscal y Tributario de la provincia. Cada proyecto fue defendido por los presidentes de las comisiones encargadas de poner los textos normativos en estudio.

Así es como la diputada María Elena Romero, encargada de reunir a los diputados en torno de la comisión de Asuntos Municipales y Comunales, se remontó en su alocución al 2008 y a la reforma de la Constitución Provincial. “Con esta ley cumplimos una manda constitucional largamente postergada y, a su vez, se trata de una decisión política transformadora para múltiples localidades del territorio provincial”, formuló.

“La declaración de 22 nuevas comunas de 1º y 2º categoría no solo es un paso formal, sino que significa un salto de calidad institucional, un paso hacia la equidad y justicia”, aseveró.

“La Constitución provincial promueve la organización de gobiernos locales, el artículo 53º garantiza su organización democrática, la elección directa de autoridades y la asignación de competencias y recursos. Esta ley viene a dar cumplimiento efectivo a esa manda largamente postergada”, desarrolló Romero, al tiempo que agregó el encuadre legal del proyecto en tratamiento.

“Recién en el año 2018, 10 años después de la reforma constitucional, se sanciona la Ley Nº 10.644 de Régimen Comunal, que les reconoce un conjunto de atribuciones esenciales, como la posibilidad de dictar ordenanzas, tener poder de policía dentro de sus competencias, realizar obras públicas, prestar servicios básicos, es decir, brinda herramientas reales para su desarrollo”, enumeró.

La diputada estimó que la ley representa un salto de calidad institucional para localidades. “Estamos dotando a territorios rurales y semirrurales de un esquema de administración que les permite dejar atrás la precariedad institucional y acceder a una forma de gobierno de mayor autonomía y capacidad de gestión”, dijo. Agregó que “es una decisión de responsabilidad institucional, basada en datos poblacionales verificados por el último censo nacional”. Y finalizó: “Esta norma fortalece el federalismo interno de nuestra provincia”.

Código Fiscal

Al momento de abordar el tratamiento de reforma al Código Tributario de la provincia, el diputado Bruno Sarubi entendió que es la “columna vertebral para la política fiscal de la provincia. Una norma tributaria ordenada y moderna es una herramienta central de gobierno, dado que establece los modos de relación con quienes producen, trabajan e invierten. Sin reglas claras no hay previsibilidad y sin previsibilidad no hay desarrollo”, aseguró el diputado.

En el mismo sentido, Sarubi sintetizó ante sus pares los puntos centrales de la reforma fiscal. Enumeró que “se incorpora un interés punitorio para deudas judicializadas, lo que no implica un castigo sino equidad, pues quien litiga para no pagar no puede recibir el mismo trato que quien cumple en tiempo y en forma. Se modifica el régimen de honorarios de Procuradores Fiscales, garantizando que el ingreso al Tesoro tenga la prioridad. El texto redefine el concepto de inmueble baldío, así como se actualizan las exenciones a cooperativas y mutuales para asegurar que se aplique solo a actividades propias de su naturaleza social”, explicó.

La norma votada “revisa el tratamiento de mejoras rurales y subrurales para que el impuesto inmobiliario sea realmente equitativo”, aseguró el legislador. Y agregó que “en materia de ingresos brutos se corrige una desigualdad histórica entre canjeadores y acopiadores agropecuarios; en marcas y señas se extiende la vigencia a 10 años, se reconoce su calidad de transmisible por herencia, lo que significa una simplificación administrativa y respeto a la identidad productiva ganadera”.

Sarubi mencionó lo que, a su entender, constituyen decisiones políticas claras. “Este proyecto no aumenta impuestos, no carga sobre quienes ya sostienen al Estado con su esfuerzo, lo que hace es equilibrar el sistema, modernizar practicas tributarias, acompañar a quienes trabajan y producen riqueza en Entre Ríos”, finalizó.