Descubrieron dispositivos de grabación ocultos. De acuerdo con lo que se pudo saber, el gobierno de la provincia dispuso una denuncia penal para que la Justicia investigue quiénes colocaron los dispositivos y con qué finalidad, dado que “constituyen un delito grave y atentan contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas”.

Asimismo, se inició una investigación administrativa interna para determinar responsabilidades y posibles complicidades dentro de la estructura del Estado.

Al respecto, desde el gobierno se emitió un comunicado en el que se destacó que “durante muchos años, en Entre Ríos se naturalizaron prácticas oscuras, de control y espionaje”, pero apuntaron que “ese tiempo se terminó”.

Investigación

Entre otras cosas, señalaron que “hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo para terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”.

Dicho esto, insistieron con que se investigará "hasta el fondo para saber quiénes colocaron esos dispositivos, desde cuándo estaban instalados, a quién respondían y qué se hizo con la información obtenida".

Finalmente, remarcaron que “la transparencia, la legalidad, la libertad y el respeto por las instituciones no se negocian. Después de 20 años de prácticas mafiosas enquistadas en el Estado, Entre Ríos está en un proceso de saneamiento profundo. Y ese proceso no se va a detener”.