El contrato tiene un presupuesto oficial de $16.320 millones para un período inicial de cuatro años, aunque el pliego contempla la posibilidad de una prórroga por otro período similar. En los hechos, la empresa adjudicataria podría permanecer hasta ocho años al frente de uno de los servicios públicos más importantes de la ciudad.

La discusión se produce luego de meses de controversias vinculadas con la declaración de la emergencia ambiental y la contratación directa de VITSA para prestar parte del servicio, una decisión que fue cuestionada políticamente, denunciada ante la Justicia y presentada también ante el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.

“No afirmamos que exista una maniobra ilegal ni anticipamos responsabilidades que deberá determinar la Justicia. Lo que advertimos es que, cuando se analiza el pliego en su conjunto, aparecen condiciones que favorecen objetivamente a quien ya viene prestando el servicio”, afirmó Amiano.

El peso del puntaje técnico

Uno de los principales cuestionamientos de la edil apunta al sistema de evaluación previsto en el pliego. Según explicó, la oferta económica representa solo el 40% del puntaje total, mientras que el 60% restante depende de factores técnicos y operativos.

Entre esos factores se encuentran la antigüedad de la flota de camiones, la disponibilidad de vehículos de reserva, la experiencia previa de la empresa y la calidad del plan operativo y de contingencias.

Para Amiano, el problema no es únicamente el peso que adquieren esos aspectos, sino que algunos criterios dejan un margen importante para la valoración subjetiva.

“En una contratación de esta magnitud sería deseable que todos los parámetros estuvieran claramente definidos desde el comienzo”, señaló.

Requisitos que favorecerían a quien ya opera

La concejal también cuestionó las exigencias que deberán cumplir las empresas desde el momento de presentar sus ofertas. El pliego exige certificaciones internacionales ISO 9001 e ISO 14001, una base operativa dentro del ejido de Concordia con infraestructura específica y la posibilidad de poner en marcha todo el servicio en apenas 30 días corridos.

A su entender, el problema aparece cuando todas esas condiciones se analizan en conjunto.

“Resulta muy difícil imaginar que una empresa que recién conoce el pliego pueda conseguir una base operativa, incorporar vehículos, contratar personal y organizar recorridos para comenzar a prestar el servicio en apenas treinta días. Quien ya está instalado corre con una ventaja evidente”, sostuvo.

La experiencia y el conocimiento previo

Otro de los puntos observados es el requisito de acreditar al menos tres contratos de recolección de residuos ejecutados durante los últimos cinco años en municipios de escala similar o mayor, sin que el pliego defina con precisión qué debe entenderse por “escala similar”.

Además, Amiano consideró que VITSA cuenta con una ventaja derivada del conocimiento adquirido durante los meses en que prestó parte del servicio.

Según explicó, una empresa que ya opera en Concordia conoce recorridos, tiempos reales de trabajo, consumo de combustible, organización de circuitos, cantidad de residuos por zona y costos operativos, mientras que cualquier competidor debería realizar estimaciones con información parcial.

“Una licitación competitiva requiere que todos partan de la misma información. Si uno de los oferentes conoce de antemano datos que los demás no tienen, la competencia deja de desarrollarse sobre bases equivalentes”, afirmó.

Pedido de suspensión y mayor transparencia

A partir de esas observaciones, la presidenta del bloque justicialista consideró que el proceso licitatorio debería suspenderse o, al menos, prorrogarse hasta que se despejen los interrogantes vinculados con la contratación directa y con la elaboración del pliego.

Entre otras medidas, reclamó que se publique el expediente completo, que se informe quiénes participaron en la redacción del pliego, que se exhiban los estudios de mercado utilizados para elaborar el presupuesto oficial y que se expliquen con mayor precisión los criterios de evaluación.

Investigaciones

También insistió en que tanto la Justicia como el Tribunal de Cuentas deberían avanzar con las investigaciones iniciadas por la contratación directa.

“No puede ocurrir que primero se adjudique un contrato por cuatro años, con posibilidad de extenderlo hasta ocho, y recién después se investigue si existieron irregularidades. Si hubiera algún vicio en el procedimiento, para entonces el daño institucional y económico ya podría estar consumado”, expresó.

Finalmente, Amiano aclaró que su planteo no busca paralizar un servicio esencial para la ciudad, sino garantizar que una contratación de más de 16.000 millones de pesos se realice en condiciones de competencia real.

“No afirmamos que VITSA vaya a quedarse con la licitación. Lo que decimos es que la contratación directa previa, el conocimiento adquirido durante estos meses, las condiciones del pliego y los criterios de evaluación parecen conducir siempre hacia la misma empresa. Concordia necesita una licitación transparente, con reglas claras y verdadera competencia”, concluyó.