Un operativo realizado por Gendarmería Nacional, en abril de 2025, en la provincia de Entre Ríos sirvió de pilar para desbaratar una organización dedicada al tráfico de psicofármacos, que habría operado al menos desde abril de 2022 hasta diciembre de 2025.

Tras una larga investigación, el Juzgado Federal N°1 de Córdoba procesó con prisión preventiva a siete personas. Según la investigación, la estructura se abastecía principalmente del psicofármaco flunitrazepam —conocido bajo el nombre comercial Rohypnol— en Brasil, ingresaba la sustancia a la Argentina mediante vehículos y encomiendas y luego la distribuía en distintos puntos de la ciudad de Córdoba.

La causa judicial involucra a Entre Ríos como punto de paso geográfico clave en la ruta del tráfico terrestre para el traslado de la mercancía. No es la primera vez que en el corredor de la 14 o la ruta 127 se incauta este tipo de psicofármaco, ya que en 2022, 2023 y junio de 2025 se localizaron cargamentos importantes que iban a Córdoba.

La resolución del juez estuvo en sintonía con el pedido de procesamiento impulsado por el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, y firmado por el fiscal general a cargo de la Fiscalía Federal de Córdoba N°2, Carlos María Casas Nóblega; el auxiliar fiscal de la PROCUNAR, Matías Lucena Vernengo, y la fiscal del 1° Turno del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia de Córdoba, Milagros Rivas. Además, el juez federal Carlos Ochoa dispuso embargos sobre los bienes de las personas procesadas.

El flunitrazepam, la principal sustancia que traficaba esta organización, es un fármaco de la familia de las benzodiazepinas que produce efectos sedantes e hipnóticos. Se utiliza principalmente para el tratamiento del insomnio o como ansiolítico. Debido a sus efectos sobre el sistema nervioso central, también puede ser objeto de uso indebido y consumo con fines recreativos.

El caso

De acuerdo a la acusación, la organización tenía montada una estructura con distintos niveles y funciones. En su cima se encontraban tres de los acusados señalados como organizadores. Dos de ellos, pareja entre sí, habrían concentrado la conducción de la actividad, mientras que el restante cumplía tareas vinculadas con la operatoria financiera y logística.

Por debajo se encontraban otras cuatro personas, que cumplían diferentes tareas dentro del circuito de comercialización.

Siempre de acuerdo con la acusación, el circuito funcionaba en tres etapas. Primero, la organización se abastecía de flunitrazepam en la ciudad de Río de Janeiro, a través de contactos brasileños que tendrían acceso a diversas empresas farmacéuticas. Luego, el material ingresaba a la Argentina principalmente oculto en vehículos o enviado mediante encomiendas desde localidades fronterizas. Una vez en Córdoba, la sustancia era distribuida entre distintos puntos de venta al menudeo.

Según el dictamen fiscal, las pastillas eran retiradas de sus blísteres y acondicionadas en bolsas tipo “Ziploc” antes de ser ocultadas en vehículos para reducir las posibilidades de detección durante los controles migratorios y aduaneros. Una vez atravesada la frontera, el traslado hacia Córdoba podía continuar por vía terrestre o mediante encomiendas de la empresa Vía Cargo.

La investigación provincial se inició a partir de información surgida de otra causa, que señalaba la comercialización de Rohypnol en Córdoba y el uso de vehículos y galpones para la operatoria. Allí aparecieron referencias a una persona que viajaba entre Río de Janeiro y Córdoba, y a un residente en Brasil, como posible enlace.

La pesquisa detectó además numerosos cruces entre Argentina y Brasil de las personas investigadas, como en el caso de uno de ellos que registró 23 movimientos entre 2019 y 2023. En diciembre de ese mismo año fueron secuestradas 38.915 pastillas de flunitrazepam ocultas en una camioneta. El conductor fue condenado por transporte de estupefacientes, mientras que el actual investigado recibió una pena de tres años de prisión en suspenso como partícipe secundario.

El trabajo de los fueros provinciales y federales

Uno de los aspectos centrales de la causa fue la articulación entre las distintas fuerzas y organismos que intervinieron durante la investigación. En el ámbito provincial, la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó seguimientos, vigilancias y análisis de comunicaciones que permitieron establecer vínculos entre las personas investigadas, detectar movimientos de vehículos y localizar domicilios y espacios utilizados presuntamente para almacenar o distribuir los estupefacientes.

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal incorporó expedientes iniciados en otras jurisdicciones y dispuso pericias sobre el material secuestrado. Así, se incorporaron actuaciones tramitadas en la justicia federal de Entre Ríos y de Corrientes que permitieron reconstruir el circuito mediante el cual los cargamentos ingresaban por zonas fronterizas, eran trasladados dentro del país y finalmente llegaban a la capital cordobesa.

El abordaje e intercambio de información entre la Fiscalía del 1° Turno del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia de Córdoba, la Fiscalía Federal de Instrucción n° 2 de Córdoba y la Procuraduría de Narcocriminalidad fue decisivo para llevar adelante una labor coordinada y eficiente del caso en concreto, conforme lo previsto en el artículo 34 ter de la Ley 23.737 y el Convenio de Cooperación en Materia de Narcocriminalidad entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba (Resolución PGN n° 75/2022).

La fiscalía provincial remitió el caso a la justicia federal en los términos del artículo 34, inciso 1°, de la Ley 23.737, al considerar que la magnitud del secuestro, la modalidad de ocultamiento y la estructura organizativa excedían la competencia local.

Los operativos

Durante la investigación se realizaron tres procedimientos. El primero ocurrió en abril de 2025, cuando Gendarmería Nacional detectó en Entre Ríos una encomienda con 20.355,5 gramos de pastillas de opioides y derivados, despachada desde Paso de los Libres, Corrientes, con destino a una mujer vinculada familiarmente con uno de ellos. Las tareas posteriores permitieron establecer que el vehículo utilizado para trasladar el paquete hasta la terminal desde donde salió el envío.

En junio de ese año, en otro procedimiento, se hallaron 52,595 kilos de comprimidos de flunitrazepam, ocultos en un Volkswagen Suran e ingresados al país desde la frontera con Brasil, que luego fueron enviados como encomienda desde Paso de los Libres hacia Córdoba. Una entrega vigilada permitió detener a quienes concurrieron a retirar el cargamento.

El tercer procedimiento ocurrió 17 de diciembre de 2025, con una serie de allanamientos en los domicilios de los principales acusados. En los objetivos vinculados con los líderes de la organización se secuestraron teléfonos, dinero, vehículos y una máquina para contar billetes. En un depósito, se encontraron 23.447 pastillas de Rohypnol distribuidas en 18 bolsas, 1,028 kilogramos de cocaína y una escopeta calibre 12/70 con numeración limada.

Los procesamientos

Tres de ellos fueron señalados como organizadores del tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercialización y, en el caso de los dos primeros, agravado por la intervención de tres o más personas, en concurso real con la tenencia sin autorización legal de un arma de uso civil.

Otros tres quedaron imputados como coautores del tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas. A uno se le atribuyó la autoría de ese mismo delito en concurso real con la tenencia sin autorización legal de un arma de uso civil.

La prisión preventiva fue fundamentada en la gravedad de los hechos investigados, la expectativa de pena y los riesgos procesales. En particular, el juez ponderó las conexiones internacionales detectadas, los numerosos cruces fronterizos y los vínculos con Brasil. Según la resolución, la extensión de la frontera y la existencia de múltiples pasos incrementaban el riesgo de una eventual fuga.

En cuanto al riesgo de entorpecimiento de la investigación, el magistrado tuvo en cuenta que aún restaban medidas de prueba, entre ellas peritajes sobre teléfonos celulares y armas de fuego. También valoró los indicios sobre el uso de códigos, mensajes de visualización única, teléfonos paralelos y presuntas instrucciones para actuar frente a eventuales allanamientos.

Por último, también se incluyeron embargos por 200 millones de pesos sobre los bienes de los tres acusados señalados como organizadores, y de 100 millones de pesos para los cuatro acusados restantes.

Fuente: Ahora.